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A Fondo

Control de precios: el Gobierno ya eligió a los enemigos de una batalla crucial

Pablo Fernández Blanco
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23 de febrero de 2021  • 03:57

Un episodio de antología literaria ocurrió el 2 de abril del año pasado en Chaco. Un grupo de inspectores de la AFIP se acercó al 347 de la Avenida San Martín, en la ciudad de Resistencia. Los atendió el dueño del supermercado, Don Lin Shaoyun, como aparece en un expediente del Estado argentino que vio LA NACION. Quizás por su raíz asiática, en los minutos que siguieron, Shaoyun mostró una generosa incapacidad para comprender reglas básicas del peronismo de 1952 arrastradas al presente por el Gobierno.

De los registros a los que accedió LA NACION se puede reconstruir la crónica del hecho. Los sabuesos "procedieron" a inspeccionar los productos listos para la venta, algo que derivó en un hallazgo: el paquete de harina de trigo 000 marca Favorita de un kilo se vendía a un precio superior, por lo que sobrepasaba el valor fijado por la Casa Rosada en el programa Precios Máximos.

Los registros reflejan cierta empatía de los inspectores, que le pidieron a Shaoyun que rectificara los precios. Pero el dueño no les hizo caso. Tanta obstinación supermercadista fue mala para el negocio, que sufrió una clausura preventiva de tres días frente "al riesgo inminente de que continúe cometiendo la misma infracción". Shaoyun también debió pagar una multa de $6000. Todo un desafío para un negocio discreto ubicado en una de las provincias más pobres del país.

Las penas estuvieron sostenidas en un análisis microeconómico instantáneo por parte del Estado. Los registros oficiales sostienen que el precio al que Lin Shaoyun vendía el kilo de Favorita no respondía "a un incremento proporcional de un aumento de costos", algo que le permitía obtener "ganancias abusivas" conforme la constatación de la factura/ticket de venta del día.

El caso anterior quedó consignado en una resolución, hasta ahora desconocida, hecha por la Secretaría de Comercio Interior el último 23 de septiembre. El episodio cobra ahora más vigencia que nunca, dado que la gran apuesta del Frente de Todos para controlar los precios en el año electoral pasa por convalidar la presencia de militantes en supermercados e intimar a empresas.

El episodio de Chaco quedó atrapado en una telaraña de paradojas palaciegas que desnudan las tensiones entre los dirigentes que conducen la economía. Quien mandó a los inspectores a cumplir las órdenes de Paula Español (Comercio Interior) es Mercedes Marcó del Pont (AFIP), una subordinada autárquica de Martín Guzmán, jefe de Hacienda y el menos creyente en esa clase de medidas.

Días atrás, Guzmán arrancó aplausos de los empresarios cuando dijo que la inflación era un problema macroeconómico. Una libre interpretación podría sugerir que el ministro no le otorga peso a aquellas cosas por las que Comercio Interior deja la vida.

LA NACION analizó las notificaciones a empresas y negocios que informan sanciones o desvíos con respecto al plan de control de precios y abastecimiento de Comercio Interior, que obtuvo en respuesta a un pedido amparado en una ley nacional. De allí surgieron datos que no se conocían hasta el momento.

Los enemigos del Gobierno parecen bien definidos. Cuatro de cada 10 intimaciones fueron a alguna de las grandes cadenas de supermercados. Sigue una cadena de farmacias, pero luego aparece una constelación de negocios mucho más chicos (hay varios supermercados denominados chinos) que se llevan la mayor parte del trabajo de Comercio Interior. El episodio de Lin Shaoyun, entonces, no fue un caso aislado.

También es cierto que, al menos hasta principios de año, la gran batalla del Gobierno contra "los especuladores" fue más efectiva en el mundo de las palabras que en el de las cosas. No sólo porque entre agosto y enero pasados se mandaron 174 reclamos a negocios, un universo ínfimo en comparación con el comercio en el país, sino porque la tasa de inflación no se dio cuenta de ese trabajo.

Los números también muestran la creciente presión del ala cristinista, más creyente en los controles de precios que otros socios del Frente de Todos, como Sergio Massa y Alberto Fernández. El último mes de la serie analizada es también el período de más notificaciones y el preludio de una puesta en escena mayor que arrancó con la creación de un organismo especial de control de precios, la participación de los piqueteros en la auditoría a comercios y la imputación a empresas como Mastellone, Fargo, AGD, Danone y Molinos Río de la Plata por faltantes.

Hay una amplia biblioteca que cuestiona la conveniencia de los controles de precios como herramienta para combatir la inflación. En algunos casos sostiene que sirven en períodos cortos, pero la falta de un precio justo, a largo plazo, genera desabastecimiento.

Un comunicado que envió el 17 de febrero pasado Comercio Interior es una pieza política de colección si se lee en esa clave. En detalle, cuenta que grandes empresas cuyo único sentido económico es la producción de alimentos, dejaron de producirlos. Es la aceptación de la derrota productivista para un gobierno que llegó con la promesa de encender la economía que había apagado Mauricio Macri.

El "error histórico" de los controles de precios

Los controles de precios nacieron en la Roma antigua, pero Juan Domingo Perón los hizo propios a principios de los años 50. La inflación, un fenómeno casi desconocido en la Argentina hasta 1945, había superado el 38% en 1952, algo que desbordó al entonces presidente. Una parte de su doctrina más duradera nació de aquel enojo.

En abril de 1953, frente a una plaza de mayo colmada, Perón le recomendó a la multitud dar "leña" a quienes aumentaran los precios. Los memoriosos recuerdan que panaderos, almaceneros y comerciantes en general terminaron presos por la campaña contra el agio y la especulación. Al año siguiente, la inflación se desplomó. La clave es entender el verdadero motivo.

Orlando Ferreres deslizó tiempo atrás ante la consulta de LA NACION la posibilidad de que la combinación de factores haya derivado en un error de interpretación por parte de los sucesores de Perón. Mientras prometía leña, su ministro de Economía, Alfredo Gómez Morales, ponía en marcha un plan de ajuste fiscal, la receta ortodoxa de los manuales para frenar la suba de precios.

Los anacronismos argentinos superan el límite de la coincidencia. Siete décadas después, el Frente de Todos llena los espacios de la opinión pública en los términos del primer peronismo mientras Martín Guzmán escribe, borra y reescribe la fórmula de un ajuste con la expectativa de que sea invisible para su propio electorado.

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