"Amenazas": la dura respuesta de la provincia demandada en Nueva York

Anteriormente, el gobierno de Gustavo Bordet había anunciado, tras no realizar el desembolso, que comenzarían "las discusiones sobre el análisis de la deuda de la provincia"
Anteriormente, el gobierno de Gustavo Bordet había anunciado, tras no realizar el desembolso, que comenzarían "las discusiones sobre el análisis de la deuda de la provincia" Fuente: Télam
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5 de enero de 2021  • 11:22

Entre Ríos contestó en duros términos la demanda que le hizo un grupo de acreedores en la justicia norteamericana.

"Esto confirma que la intención de dichos inversores fue siempre de litigar si la provincia no se rendía a sus amenazas y requerimientos inflexibles en un brevísimo lapso de tiempo", sostuvo en un comunicado el distrito gobernado por Gustavo Bordet.

Según la demanda, la provincia debe pagar US$12 millones más intereses por incumplir el pasado 8 de agosto el pago de US$21,87 millones por un cupón de interés de deuda. Dado que el bono fue emitido bajo legislación estadounidense, la provincia deberá comparecer ante la corte del Distrito Sur de Nueva York.

"La provincia lamenta que los inversores hayan designado a una firma de abogados de Nueva York como su interlocutor en lugar de un asesor financiero como es práctica de mercado, lo que hubiera facilitado el análisis de las cuentas públicas provinciales entre especialistas en economía y finanzas y no en litigios", continúa.

"También lamenta que en cada ocasión que han tenido oportunidad desde el comienzo de este diálogo, han optado por amenazar a la provincia y sus funcionarios con el inicio de acciones legales si no se aceptan sus inflexibles imposiciones. Ello pese a que la Provincia ha evidenciado su buena fe en las negociaciones desde el comienzo del proceso, incluso mejorando sus propuestas en tres oportunidades, sin tener un correlato similar de parte de sus acreedores".

El documento aclara que Entre Ríos "no tiene ingresos en moneda extrajera" y que "su relación entre recursos expresados en dólares y deuda en dicha moneda sufrió una distorsión que impidió el cumplimiento de las obligaciones asumidas en las condiciones pautadas al momento de la emisión".

"La variación del tipo de cambio fue del 191% desde la fecha de emisión del Bono ER 25 en 2017 al 2019, mientras que la variación de los recursos de solo el 92%, con una caída acumulada de ingresos expresados en dólares del 36%. A ello se suma que en 2019 con la reforma tributaria nacional se disminuyó significativamente la coparticipación a las provincias", argumenta el comunicado.

El bono había sido emitido en 2017 por la provincia con un capital de US$500 millones de dólares a ser pagado en tres amortizaciones en 2023, 2024 y 2025. El grupo demandante consiste de los tenedores del 54% del total de la deuda emitida. Quien impulsa la demanda es Dennis Hranitzky, un abogado conocido en la Argentina por la confiscación de la Fragata Libertad en Ghana y por representar a tenedores del grupo Ad Hoc, titulares de bonos de canje de 2005 y 2010.

"Aún no hemos recibido una notificación formal de la demanda", señaló el ministro de Economía entrerriano Hugo Ballay. "Estuvimos en comunicación permanente con los bonistas y siempre actuamos de buena fe. Hicimos propuestas y la respuesta siempre fue negativa. Vamos a priorizar las obligaciones de la provincia, pero estamos dispuestos a llegar a un acuerdo para cumplir con los compromisos también".

Según Guillermo Giussi, director ejecutivo de la consultora Aerarium, que siguió de cerca la negociación, descartó que la intención de los bonistas haya sido la judicialización desde un principio. "El período de cuatro meses que le han dado a la provincia desde el incumplimiento indica que el ánimo de los bonistas no fue necesariamente el de resolver la cuestión por vía judicial. Difícilmente habrían asumido la pérdida financiera que representa de otro modo. Además, estos suelen ser juicios largos, de dos o tres años. Los fondos de inversión no suelen estar dispuestos a perder dinero".

"Tampoco podemos decir que haya amenazas. Son partes del acuerdo. Entre Ríos quiso hacer una renegociación que claramente le iba a resultar insatisfactoria a los bonistas. La situación financiera de la provincia no es tan mala como la de otras. Al tercer trimestre de 2020, tenía un superávit del 5300 millones. Cuando los acreedores ven estos números fiscales, se dan cuenta de que las provincias sí tienen capacidad de pago", concluyó.

Por: Rafael Córdoba

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