La regulación de las campañas electorales no es suficiente

Pablo Secchi
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4 de agosto de 2013  

Aquí están, llegaron las elecciones. Dos procesos (PASO y generales) en los cuales parece que el mundo se frena y nada más importa. Nos sentimos inundados de carteles, publicidades, promesas y cotillón electoral. Nos preguntamos si es necesario. Y la respuesta es sí. Tenemos que saber quiénes son los candidatos, qué propuestas tienen y en qué se diferencian unos de otros. Asimismo veremos estos días los resultados de años de gobierno. Inauguraciones oportunas, cadenas de radio y televisión de gran necesidad, nuevos sistemas de transporte, y viajes de candidatos en comitivas oficiales de aquí para allá. Esto ya no es tan necesario ni correcto.

Las leyes electorales, en parte, están pensadas para protegernos del caos y de la opacidad que nos proponen los partidos políticos y sus candidatos a la hora de ofrecerse a la ciudadanía como la mejor opción. Deberían cuidarnos de que nuestros recursos se utilicen en forma irregular durante la campaña y garantizarnos que nuestro dinero no sea para que un candidato viaje a sacarse fotos en el exterior con alguna figura de renombre. Deberían protegernos de algo tan simple como que el color de la ciudad donde habitamos no sea idéntico al color del partido que la gobierna. Porque los partidos y los gobiernos son dos cosas diferentes.

También las leyes electorales establecen límites en las campañas con relación a cuánto pueden gastar los partidos políticos, restricciones de cuánto puede aportar un ciudadano a una campaña electoral, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en este período.

En primer lugar, los partidos tienen un límite de gastos en la campaña dependiendo del distrito. Esto significa que no pueden gastar la cantidad de dinero que quieran. En CABA para las primarias no podrán exceder los 7,7 millones de pesos. Y para las generales, los 15,5 millones. Mitad de cada monto para diputados y senadores. En la provincia de Buenos Aires, considerando que a nivel nacional sólo se eligen diputados, los partidos pueden gastar un poco más de 17 millones para las primarias, y el doble para las elecciones generales. Los partidos políticos tienen prohibido comprar espacios en radio y TV, éstos son entregados gratuitamente por la Dirección Nacional Electoral. Tampoco pueden recibir dinero de empresas. Los ciudadanos que quieran aportar a una opción política de su agrado también tienen límites. Una persona que quiera apoyar en todo el territorio a una opción política (o varias) no podrá aportar más de 1,8 millones de pesos. Pero estos montos se dividen por distrito. Entonces en CABA y Santa Fe no podrá aportar más de 155.000 pesos en cada una; en Buenos Aires, casi 700.000; en Córdoba, 160.000.

Cualquier lector, observando la permanente campaña de los oficialismos puede preguntarse si la regulación es suficiente. Respuesta: no lo es. Efectivamente las campañas son permanentes (no se limitan a los días establecidos por ley), la publicidad oficial es recurrente y los gobiernos cada vez invierten más en este sentido con un claro objetivo electoralista. La inequidad en la competencia electoral es cada vez más pronunciada, producto del dinero que se destina a la publicidad en detrimento de invertir en otras políticas públicas como educación, transporte, salud, etcétera. Sólo a modo de ejemplo, en 2012 el gobierno nacional gastó más de 800 millones de pesos (sin contar el Fútbol para Todos) en concepto de publicidad oficial, y la Ciudad de Buenos Aires, 78 millones.

A la prohibición de comprar espacios en TV y radio se le responde desde los oficialismos (Nacional, provinciales y locales) con publicidad oficial y actos de gobierno con tiente electoralista. Al límite de promover la captación del sufragio, se lo esquiva con discursos que no piden el voto textualmente, pero los discursos en actos oficiales son suficientes. Y si no lo son ahí estará el primer candidato al lado del funcionario al mando del micrófono. Y pensemos en las ciudades, que se las arruina con campañas gráficas en lugares no permitidos del espacio público.

Las normativas otorgan derechos y obligaciones a los partidos, electores y gobiernos. También buscan equidad y transparencia en la competencia. Insistimos, las campañas son necesarias, pero los límites a ellas también. Si las campañas no son justas y transparentes, quienes surjan electos tampoco lo serán.

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