Los constructores viales no encuentran la fórmula para esconder sus pecados

Diego Cabot
Diego Cabot LA NACION
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10 de diciembre de 2018  • 16:42

Franco y Gianfranco Macri , y Eduardo Eurnekian tendrán una cita impensada en los próximos días. Al menos, ellos no la esperaban. El juez Claudio Bonadio los tendrá sentados en el mismo asiento por el que pasó gran parte del poder económico y político desde el 1° de agosto, cuando se conoció la causa de los cuadernos de las coimas .

Bonadio llegó a ellos por una declaración de hace tiempo de Claudio Uberti . "Yo tenía que retirar 150.000 dólares por mes de cada una de las concesionarias", dijo el hombre que, justamente, estaba al mando del Órgano de Contralor de Concesiones Viales (Occovi) entre 2003 y 2007, y que además manejaba la relación bilateral con la Venezuela de Hugo Chávez .

El exfuncionario aclaró que aquellos pagos eran siempre en moneda extranjera y que los dejaba en el despacho presidencial, en la Casa Rosada, cuando el sillón lo ocupaba Néstor Kirchner . Desde agosto, esa declaración esperaba que llegara el tiempo en que el juez se detuviera en esas líneas para que convocara a todas las empresas que manejaban en ese momento las rutas nacionales o los accesos a la ciudad de Buenos Aires que se explotan mediante el cobro de peajes. Ahora, después de empezar a cerrar algunos capítulos, le llegó el turno.

"Piense y luego hable", dice una de las frases que decoran el despacho del magistrado. Será clave que el padre y el hermano del Presidente, al igual que una docena de empresarios, reflexionen sobre ese lema. De lo contrario, las chances de que sean procesados son muy altas. Al menos, si se miran los antecedentes que ya tiene la causa.

La citación fue para todos los empresarios que eran parte de aquellos consorcios que fueron desarticulados en 2005, cuando Néstor Kirchner renovó las concesiones y las empresas terminaron como gerenciadoras de las trazas. Entre ellas, y por lo bajo, imaginaban que el llamado iba a llegar en algún momento. Pero claro, cuando llega, hay que digerirlo.

Ahora, aquellas compañías tienen un problema. En realidad, lo tienen sus principales ejecutivos. El paradigma con el que se mueve el juez Claudio Bonadio es relativamente simple. Considera que no fue posible encontrar en aquellos años negocios con el Estado, especialmente en los mercados regulados, sin que haya habido favores mutuos entre funcionarios y empresarios. Por lo tanto, y de acuerdo a cómo actuó en casos similares, no les cree demasiado a quienes dicen que no tuvieron nada que ver con aquellos bolsos millonarios. Incluso más. Algunos que lo negaron, están presos; otros, en cambio, que colaboraron, afrontan cargos por enriquecimiento ilícito y cohecho.

Macri padre era uno de ellos, dueño por entonces de una empresa que, a su vez, era la que detentaba una porción de Autopistas del Sol, la concesionaria que creó en los noventa para construir y explotar el Acceso Norte.

Hasta 2001 mantuvo alrededor de 18% de las acciones y luego esa cifra se redujo al 7 por ciento. Fue Gianfranco, el hermano presidencial, la cabeza de Sideco, la empresa familiar, quien manejó los intereses de ese conglomerado de acciones.

Según lo que surge de los balances, hoy la empresa no tiene entre sus accionistas a la familia presidencial. Pero a la luz de los hechos que se investigan, lo que importa es lo que sucedía cuando Uberti dice que retiraba dinero.

Eduardo Eurnekian también tenía una constructora que explotaba esas rutas y por eso su comparecencia en Comodoro Py. Ya pasó por ahí su sobrino, Hugo, pero dijo que si bien pagó, que fue de su patrimonio y para aportar a alguna campaña electoral.

Otro golpe a los constructores

Los constructores volvieron a sentir el golpe. Algunas de las principales empresas ya estaban en la causa y varias ya contaron cómo pagaron. Ellas volverán a Tribunales. Otras, debutarán.

El llamado a las indagatorias de hoy, sin embargo, no dejó a todos conformes. Hay quienes sostienen que son pocas las pruebas que acumula el magistrado contra esta tanda de funcionarios.

Muchas de las empresas viales que pasaron para aquellos negocios se conformaron en uniones transitorias (UTE). Pero todas ya fueron cerradas hace más de 10 años. Claro que las constructoras que las integraron, la mayoría, aún siguen operativas y con contratos vigentes con el gobierno de Mauricio Macri.

Todas las compañías deberán pensar muy claramente y luego hablar, como dice el refrán que se lee en el despacho del juez. Y esa disyuntiva los carcome.

Varios de los que negaron los hechos terminaron presos y solo después de pasar por Marcos Paz recobraron su memoria. Y para colmo, algo más. Bonadio trabaja con una hipótesis: los número uno de las firmas no podían desconocer estos pagos.

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