Se debe terminar con la informalidad

Pablo Secchi
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10 de octubre de 2011  

¿Es positivo o negativo que se aumente el presupuesto del Congreso de la Nación? En otras palabras, lo vemos como un gasto innecesario o lo observamos como una inversión institucional.

Despojando del análisis los posibles intereses políticos de aquellos que se perfilan como futuros administradores de las cámaras, la alternativa de una mayor inversión en el Poder Legislativo surge como una buena noticia. Sin embargo, es necesario agregar algunos matices a esta afirmación. La ecuación perfecta para un aumento presupuestario del Congreso debería complementarse con la generación de mayor transparencia y un esfuerzo por eliminar las informalidades administrativas que aún hoy persisten.

El presupuesto es aquel documento que calcula y planifica los gastos generales de la institución. Conocerlos ayuda a combatir flagelos como la discrecionalidad, la mala gestión de los recursos y, en definitiva, la corrupción.

Que el Congreso se fortalezca a través de su presupuesto debería implicar, por ejemplo, una mayor inversión en las condiciones de trabajo de los legisladores y de sus equipos. Alcanza sólo con visitar el edificio anexo de la Cámara de Diputados de la Nación para observar las condiciones lamentables en las cuales se encuentra el edificio donde funcionan la mayoría de los despachos. Al mismo tiempo, más inversión debería generar una mayor calidad y cantidad de controles sobre los recursos que se utilizan para el funcionamiento de las cámaras.

Poco se conoce acerca de la utilización de los fondos públicos y no existe una clara política en relación con la transparencia de esos fondos. ¿Alguien logró conseguir el listado de viajes que los legisladores hicieron al exterior durante los últimos años?

Las nuevas autoridades del Congreso de la Nación tendrán el desafío de erradicar las informalidades con que se manejan muchos temas internamente. De varias reuniones que la Fundación Directorio Legislativo realizó con diferentes representantes surgen afirmaciones respecto de la ausencia de reglas claras en relación con la distribución de recursos para la labor cotidiana de los legisladores. Para ilustrar estos comentarios alcanza con preguntar en cualquiera de las cámaras ¿cómo accede un legislador electo a un despacho?, o ¿cuánto tarda en conseguir que la cámara le otorgue una computadora?

Según un informe de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, los ciudadanos argentinos no pueden acceder a través de Internet al presupuesto ni a la ejecución diaria de los recursos de la Cámara de Diputados de la Nación. La situación difiere al menos un poco en el Senado, que si bien la publicación de información no es óptima, se pueden encontrar mayores detalles sobre el tema.

El informe de la red destaca a los congresos de México y Chile, que informan pormenorizadamente sobre sus inversiones en servicios de personal y bienes muebles e inmuebles. En el caso del Senado chileno se publican en la página institucional en Internet las dietas de los legisladores, los gastos de la presidencia, los alquileres de oficinas, y los gastos en asesores legislativos, entre otros.

La ausencia de información y la existencia de prácticas informales en la administración de los recursos en el Congreso argentino fomentan las sospechas de discrecionalidad e ineficiente asignación de los recursos públicos. Es un desafío para las próximas autoridades mejorar estas prácticas y generar mayor acceso a la información.

El autor es director de Transparencia Legislativa de la Fundación Directorio Legislativo

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