Cambiaron los camaristas que definirán las prisiones preventivas por el asesinato de Báez Sosa

Los acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, en el momento de su arresto, el 18 de enero pasado
Los acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, en el momento de su arresto, el 18 de enero pasado Fuente: Archivo
Gustavo Carabajal
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2 de abril de 2020  

La pandemia del coronavirus también afectó el desarrollo del proceso contra los acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa. Dos de los tres magistrados que deben resolver si ocho de los imputados seguirán presos tienen más de 65 años y forman parte del denominado grupo de riesgo que puede ser afectado por el virus Covid-19, por lo tanto, tuvieron que ser reemplazados.

Según fuentes judiciales, los camaristas que dejaron de intervenir en el expediente por cuestiones de salud fueron Susana Miriam Darling Yaltone y Fernando Sotelo.

Anteayer, se hizo un sorteo entre otros magistrados del Departamento Judicial Dolores y, por ese sistema, se determinó que los jueces Lía Regina Raggio y Daniel Horacio Rezzónico se hagan cargo de resolver el recurso presentado por el defensor de los acusados del homicidio de Fernando Báez Sosa para que se revoquen las prisiones preventivas dictadas contra ocho de los diez acusados por el asesinato, ocurrido el 18 de enero pasado, frente al boliche Le Brique, en Villa Gesell.

El juez Luis Felipe Defelitto es el único de los tres jueces que forman parte de la integración natural de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores, que seguirá adelante con el proceso.

La necesidad de reemplazar a dos de los camaristas por cuestiones de salud constituyó la segunda demora en el desarrollo del proceso que se instruye contra los acusados de asesinar a golpes al joven estudiante de derecho.

Debido al aislamiento obligatorio dictado a raíz de la pandemia, había sido suspendida la audiencia de exposición de fundamentos que debía realizarse el 19 de marzo pasado, en los Tribunales de Dolores, en la que tenían que participar el abogado que defiende a los diez imputados, Hugo Tomei; el fiscal de Cámaras de Dolores, Diego Escoda, y los letrados que representan a la familia de la víctima, Fabián Améndola y Fernando Burlando.

Por medio de una cédula de notificación enviada a las partes, los camaristas informaron que tomaban tal medida para "evitar la transmisión del virus" -ya que la audiencia iba a realizarse en un espacio cerrado con numerosos asistentes- y solicitaron que las partes envíen sus argumentos por escrito.

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Blas Cinalli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Lucas Pertossi fueron procesados con prisión preventiva por el homicidio doblemente agravado de Fernando y, actualmente, están detenidos en la alcaldía de la cárcel de Melchor Romero, en La Plata.

En tanto que Juan Pedro Guarino y Alejo Milanessi siguen acusados aunque afrontan el proceso en libertad. Fuentes judiciales indicaron que la semana próxima se podría conocer la resolución de la Cámara de Dolores, en la que se decidirá si seguirán detenidos los ocho imputados presos en el penal de Melchor Romero.

Estudios en marcha

A principios de esta semana, comenzaron los estudios para determinar si el perfil genético de la sangre hallada en los hisopados realizados en las uñas de la víctima coincide con los ADN de las muestras de sangre aportadas por cada uno de los diez acusados.

Dichos análisis se realizan en el laboratorio de la Asesoría Pericial del Ministerio Público, en Junín. El primer estudio realizado en los restos orgánicos encontrados debajo de las uñas de la víctima determinó el hallazgo de sangre. Ese tejido hemático será comparado con las muestras que les extrajeron a los imputados, dos días después de haber sido detenidos, en Villa Gesell.

Además del estudio de ADN, todavía queda pendiente el peritaje escopométrico de la impronta de la suela de una zapatilla hallada por los forenses en el costado izquierdo del rostro de Fernando. Esa marca comenzó a ser comparada con las huellas de 22 pares de zapatillas que la policía secuestró en el departamento alquilado por los acusados.

Debido a que forma parte de un expediente separado de la causa principal, aún falta resolver el pedido de la defensa de los imputados para que se los beneficie con la prisión domiciliaria. Antes de tratar esa solicitud, el juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, dispuso que los imputados sean sometidos a una serie de estudios psiquiátricos y psicológicos, que se realizarán en la Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia, en La Plata.

Dichos peritajes se concretarán entre el 13 y el 25 de abril próximos y tendrán dos ejes: establecer si pudieron comprender la criminalidad de sus actos en el momento en el que cometieron el homicidio por el que fueron imputados y determinar si cuentan con una estructura psicológica que indique que cumplirán el compromiso de estar detenidos en sus casas, con una tobillera electrónica, monitoreada desde un centro de control del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Según fuentes penitenciarias, hasta el momento, los ocho acusados siguen detenidos en calabozos con capacidad para dos internos y comparten el pabellón 3 con otros reclusos.

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