Crimen en Villa Gesell: mañana se define si siguen presos los ocho acusados

La Cámara dirá si las prisiones preventivas fueron dictadas sujetas a derecho y si la fiscal continúa en el caso; en cambio, no se expedirá sobre los pedidos de arresto domiciliario
La Cámara dirá si las prisiones preventivas fueron dictadas sujetas a derecho y si la fiscal continúa en el caso; en cambio, no se expedirá sobre los pedidos de arresto domiciliario Fuente: Archivo
Gustavo Carabajal
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13 de abril de 2020  

La Sala I de la Cámara de Apelaciones de Dolores definirá mañana el futuro procesal de ocho de los diez jóvenes acusados de matar a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

Según fuentes judiciales, en el fallo que dicten en las próximas horas los jueces Susana Darling Yaltone, Luis Felipe Defelitto y Fernando Sotelo, no se expedirán sobre el cambio en las condiciones de detención de los acusados por el homicidio ocurrido el 18 de enero pasado frente al boliche Le Brique. Sí, en cambio, decidirán si las prisiones preventivas dictadas por el juez de garantías David Mancinelli se ajustan a derecho y si la fiscal Verónica Zamboni -que fue recusada por el defensor de los imputados, Hugo Tomei, ya que cuestiona su actuación en el inicio de la causa- puede seguir al frente de la investigación judicial del crimen.

Actualmente Lucas, Luciano y Ciro Pertossi, Ayrton Michael Viollaz, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Blas Cinalli y Matías Benicelli siguen alojados en el penal de Melchor Romero, con prisión preventiva. Esta certeza desmiente la versión que se viralizó en redes sociales de que, en virtud de las recomendaciones de la Casación sobre la morigeración de detenciones durante la pandemia de coronavirus, los ocho habían sido beneficiados con la prisión domiciliaria. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes judiciales.

Otros dos imputados, Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, fueron beneficiados hace dos meses con la excarcelación, aunque siguen vinculados al proceso.

La solicitud de prisión domiciliaria para los ocho detenidos constituye un incidente judicial que se ventila en un expediente aparte. Si bien se realizaron estudios técnicos para comprobar si las viviendas de los acusados contaban con las líneas telefónicas para ser vinculadas a dispositivos de monitoreo a distancia, esta verificación ordenada por el juez de garantías no implica necesariamente que recibirán la prisión domiciliaria.

Según pudo comprobar LA NACION, ninguno de ellos figura en el listado de 662 presos, elaborado por el Ministerio de Justicia bonaerense, que podrían ser beneficiados con la prisión domiciliaria por integrar los grupos de riesgo ante el coronavirus entre la población penal.

Los ocho tienen entre 19 y 21 años y no sufren patologías crónicas que deriven en su inclusión entre los grupos de riesgo por el Covid-19.

Además, existe otra circunstancia que atentaría contra la posibilidad de que reciban la prisión domiciliaria: el peligro procesal. Esto quedó al descubierto cuando, el día que los detuvieron, intentaron desviar la investigación al señalar falsamente a otro joven, vecino suyo en Zárate, como presunto autor del homicidio de Fernando.

Alojados en el penal de Melchor Romero, los ocho imputados esperan ser sometidos a una serie de peritajes psicológicos y psiquiátricos ordenados por la Justicia para tratar de establecer si cuentan con la estructura cognitiva para respetar un compromiso como el de la prisión domiciliaria sin intentar escapar y también para comprobar si comprendían la criminalidad de sus actos cuando asesinaron a golpes y patadas a Fernando.

Pero debido al asueto judicial dispuesto ante la pandemia, esos peritajes, que debían comenzar pasado mañana, serán postergados hasta que se normalice la situación.

Pasos más lentos

Desde el comienzo del aislamiento obligatorio por el coronavirus, el proceso por el asesinato de Fernando parece haberse ralentizado. Por ejemplo, la audiencia prevista para el 19 de marzo pasado, en la que debían participar los diez imputados para exponer ante los camaristas sus argumentos acerca de por qué tendrían que revocarles la prisión preventiva, debió ser suspendida debido a que las dimensiones del recinto de los tribunales de Dolores impedían que se respete el distanciamiento social para evitar el contagio del coronavirus.

Ante esta circunstancia, los abogados que representan a la familia de la víctima, Fabián Améndola y Fernando Burlando; el fiscal general, Diego Escoda, y el abogado de los imputados tuvieron que presentar sus argumentos por escrito.

Otra demora estuvo relacionada con las edades de dos de los camaristas: Yaltone y Sotelo tienen más de 65 años y plantearon su apartamiento del caso por integrar los grupos de riesgo ante el coronavirus. Inicialmente fueron reemplazados por sus colegas de la Sala II, Lía Regina Raggio y Daniel Horacio Rezzónico. Pero, ante la puesta en marcha del expediente digital y la posibilidad de adoptar medidas extremas para resguardar la salud de los magistrados, una de las partes del proceso solicitó que se respetara el principio del "juez natural" y Yaltone y Sotelo se hicieron cargo nuevamente del expediente.

Al fundar su pedido de prisión preventiva, la fiscal Zamboni tuvo en cuenta más de 50 pruebas. Entre ellas figuran diez grabaciones de cámaras de seguridad que registraron la presencia de al menos ocho de los imputados en la calle 3, en Villa Gesell, en el momento en que mataron a Fernando. Según consta en el expediente, la cámara de seguridad instalada en la esquina de 3 y Buenos Aires registró su paso a las 4.44 del 18 de enero.

Otra cámara los mostró reunidos en una esquina y dándose abrazos, minutos después del asesinato, como si estuviesen festejando.

"A ver si volvés a pegar, negro de m...", gritó uno de los agresores mientras golpeaba a la víctima, vestido con una camisa similar a la que habría usado Máximo Thomsen la madrugada del homicidio.

A partir de otra frase -"adentro pegaban de atrás, ahora afuera a ver quién gana"-, la fiscal interpretó que los imputados se arengaron entre sí para agredir a la víctima.

Una de esas pruebas que, según Zamboni, ubica a los acusados en la escena del homicidio surgió de las ruedas de reconocimiento, de las que participaron 14 testigos.

Señalaron a cuatro como los agresores directos de Fernando. Otros tres acusados fueron identificados al lado de la víctima, sin pegarle, pero bloqueando cualquier intento de ayuda.

Thomsen fue señalado por siete testigos como uno de los que golpeaban a Fernando. Comelli fue identificado por cuatro testigos como otro de los agresores. A Luciano Pertossi lo identificaron cinco y a su primo Ciro, dos. A él lo señalaron como quien inició la trifulca dentro de Le Brique.

Entre los que no pegaron, pero aportaron "superioridad numérica", figuran Cinalli, Benicelli y Viollaz. A ellos se suma Lucas Pertossi, en cuyo celular se encontró una grabación de 15 segundos en la que expresaba: "Péguenle, mátenlo", cuando lo sacaban del local bailable y vieron a Fernando.

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